El certificado energético de los edificios se prepara para una transformación profunda que afectará directamente a su sistema de clasificación. Impulsado por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), el nuevo marco europeo revisará las escalas actuales de la A a la G para alinearse con los objetivos de neutralidad climática.
La gran novedad de la normativa radica en que la evaluación irá más allá del consumo en la fase de uso, incorporando el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble. Esto obliga a computar las emisiones asociadas a la fabricación de materiales, la construcción, el mantenimiento y el fin de vida de la estructura.
En este nuevo escenario, el Potencial de Calentamiento Global (PCG) se convertirá en un indicador obligatorio y estratégico; a partir de 2028 se exigirá en grandes edificios y se extenderá progresivamente al resto, fijando límites máximos de emisiones para el año 2030.
Bajo este nuevo estándar técnico, la máxima calificación (letra A) quedará reservada exclusivamente para los edificios de cero emisiones, lo que obligará a redefinir todos los rangos intermedios y a ajustar los criterios de valoración actuales.
Este cambio normativo impactará de forma directa en el mercado inmobiliario, la tasación de activos y las decisiones de compra o reforma. De este modo, el certificado energético dejará de ser un mero trámite informativo para transformarse en una herramienta comercial y estratégica esencial para orientar las inversiones tanto públicas como privadas en obra nueva y rehabilitación energética.
A pesar del impulso legislativo, el sector advierte de que la falta de continuidad en las ayudas públicas y el agotamiento de los fondos Next Generation generan incertidumbre en las comunidades de propietarios.
Para consolidar un ritmo de rehabilitación sostenible y predecible en España, los expertos reclaman estabilidad financiera y proponen que los planes estatales absorban los expedientes en lista de espera. La meta es que la eficiencia deje de percibirse como una obligación y se entienda como una inversión rentable que incrementa el confort, mejora la salud y eleva el valor patrimonial del inmueble mediante soluciones pasivas de aislamiento.
Como mecanismos complementarios para incentivar la descarbonización en el sector residencial, la administración trabaja en nuevas herramientas como los Certificados de Ahorro Energético (CAE) mediante subastas específicas, así como en la implantación de estándares mínimos de eficiencia (MEPS).